La Policía Autonómica ha desmantelado más de un centenar de establecimientos que visiblemente tenían apariencia normal pero que sus resguardos no tenían validez alguna.
Al parecer la Policía Autonómica llevaba desde finales desde 2014 investigando este caso ante un fraude detectado por parte de Loterías y Apuestas del Estado. Se trata de máquinas expendedoras de boletos (Bonoloto, Primitiva, Lotería Nacional, etc.) que estaban instaladas en establecimientos públicos como los estancos pero que, sin embargo, eran totalmente falsos aunque los boletos parecían auténticos y con validez legal. Dichos recibos serían imposibles de cobrar el premio resultante puesto que el sistema informático de estas máquinas impedían que esto llegara a suceder.
El engaño se detectó hace varios meses y la investigación recayó en la Policía Autonómica, que tiene las competencias de este ámbito. Los agentes fueron investigando hasta averiguar que estos engaños se realizaban en dos tipos de máquinas: la primera tenía una multifunción, es decir, también revelaban fotos o recargaban teléfonos (éstas fueron las que mas retiraron) y las segundas, solo servían para expedir boletos.
Hasta 13 de estos dispositivos son los que se han incautado hasta la fecha ubicados en tiendas en las que se colocaba un logotipo "oficial" de Loterías y Apuestas del Estado. Dos de ellas estaban ubicadas en la capital sevillana y las restantes en municipios como Coria del Río, Écija o La Puebla de los Infantes, o también en pedanías como Las Pajanosas o El Trobal.
Estas máquinas eran vendidas por un grupo de comerciales que también se encargaban de instalarlas en los establecimientos. Las expendedoras costaron entre 5.000 y 6.000 a cada comerciante. Se trata, según fuentes consultadas por el ABC, de dos compañías con sede en Madrid, que tenían representantes en Sevilla.
Se han ido retirando expendedoras y se han denunciado tanto a los establecimientos como a los instaladores y las empresas por infracciones administrativas. Al no haber existido ningún premio no puede considerarse como un delito de estafa. Si la estafa no se denuncia como tal, no se puede perseguir.
